¿Cómo surgió Rodríguez Dávalos Abogados (RDA) y qué detonó su vocación hacia el sector energético?

El despacho RDA comenzó en 1995, al efectuarse lo que en su momento fue la primera reforma energética. Nació como un despacho dedicado cien por ciento a temas de energía: petróleo, gas y electricidad. Inicié mi carrera trabajando en PEMEX, a los 18 años, de manera que mi vida profesional siempre ha estado ligada a este sector, al igual que la de muchos de mis colegas en el despacho. Al año siguiente de suscribirse el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, en 1994, se dio la primera reforma a la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia energética, abriéndose a la participación del sector privado el transporte, la distribución, el almacenamiento y la comercialización de gas natural. Creo que ya entonces era perceptible el hecho de que algún día el sector energético de nuestro país tendría un cambio paradigmático para bien. Por ese motivo, aunque no sin ese dolor peculiar que se tiene tras dejar el “alma mater” profesional, salí de PEMEX para formar el despacho. Desde entonces, hace dos décadas ya, hemos ido creciendo a la par de las nuevas oportunidades de inversión para el sector privado y social en estas áreas.

¿Qué fortalezas ofrece RDA ante el nuevo panorama legislativo?

El despacho está constituido por 50 profesionistas, 40 de ellos abogados especializados en el sector (varios con décadas de experiencia) que hablamos el mismo idioma de nuestros clientes. Pero como el mundo cambia, en RDA no sólo nos concentramos en nuestra fortaleza jurídica, sino también entendemos las otras aristas de cualquier proyecto energético, como son las áreas comerciales y técnicas del negocio, pues sin ser ingenieros comprendemos perfectamente y tratamos en forma integral el proyecto. Inclusive, hace un año incorporamos al despacho un área de consultoría económica dedicada a la determinación de tarifas y al desarrollo de modelos de negocios y económicos conforme a la regulación de la industria. En este año nos hemos ido especializando para que la certeza jurídica que brindamos a nuestros clientes nos permita acompañarlos en todas las etapas del desarrollo de sus proyectos, desde su conceptualización hasta la obtención de permisos, la formalización de contratos, la adquisición de tierras y derechos de vía y la obtención de financiamiento.

¿Cuáles son los principales retos para los abogados con la nueva reforma energética?

La nueva apertura nos obliga a seguir estudiando. Nos exige conocer y, sobre todo, a entender la nueva regulación publicada y aquella por expedirse, a ser muy competitivos en los costos, a tener los mejores consultores y saber mantener una gran cartera de clientes. Para ello hay que prepararse constantemente; tan es así que en RDA tenemos la política de que todos los que trabajamos aquí debemos obtener una maestría, ya sea en nuestro país o en el extranjero, incluso con el apoyo del despacho. Si la maestría es en Estados Unidos, nuestros abogados deben pasar el examen de la Barra de Abogados, principalmente en Nueva York. Además, cada año apuntalamos a nuestro equipo con diplomados en distintas materias que nos permiten robustecer las cualidades profesionales del despacho y estar a la altura de los retos por venir.

¿Qué áreas de oportunidad en materia jurídica ve en la reforma?

La reforma constitucional en materia energética que presentó el Ejecutivo y aprobó el Congreso de la Unión, con las leyes y los reglamentos que de ella emanan, le abre a México una serie de oportunidades gigantes. Esta reforma se realizó conforme a estándares internacionales, de manera que no se inventó el hilo negro en el nuevo modelo regulatorio. Sin embargo, hay ciertos riesgos que los inversionistas necesitan entender, calcular y mitigar. Algunos me parece que son riesgos exclusivos de México. Por ejemplo, temas regulatorios de adquisición de tierras y derechos de vía; cuestiones laborales o migratorias, aduanales o fiscales, o los estudios de impacto social, que no existen en la regulación de países con apertura energética consolidada. Así, me parece que pese a la estandarización en los temas macro de la reforma energética, las empresas transnacionales, sobre todo, tendrán que asimilar las particularidades del caso mexicano. Ahí es donde los abogados mexicanos podemos brindar mayor valor a los clientes.

¿Cuál es el caso más difícil que le ha tocado desenmarañar?

En el despacho hemos tenido el privilegio de construir muchos proyectos de los llamados “primeros en su caso”. ¿Qué significa esto? Intentaré explicarme. Hasta hace un año y medio teníamos la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo y reglamentos en materia de gas natural y gas LP que databan de hace 20 años, cuando la industria, la tecnología, los intereses de los inversionistas, en fin, cuando las necesidades de México eran otras muy distintas a las actuales. Así, dado nuestro conocimiento regulatorio y técnico tuvimos la fortuna de trabajar en tres proyectos paradigmáticos.

Primero, la construcción del ducto de gas LP que va de Burgos a Monterrey. Este proyecto contó con una inversión de aproximadamente 300 millones de dólares y fue muy interesante en el sentido regulatorio porque tuvimos que demostrar ante la autoridad gubernamental que tener al final de un ducto de líquidos una instalación para despacharlos no infringía la norma en términos de integración vertical comercial. A raíz de este proyecto, el reglamento de gas LP cambió para reconocer que este tipo de ductos podía tener al final una instalación de aprovechamiento, lo que llevó a que otros ductos de gas LP tuvieran esta característica.

¿Cuál fue el segundo?

La construcción del primer ducto de petroquímicos, antes de la reforma de 2013, cuando sólo PEMEX podía construir, operar y mantener estos ductos. Con el apoyo del despacho se logró el cambio en la regulación para que particulares pudieran llevar a cabo la construcción, la operación y el mantenimiento del mismo. Así, ahora este ducto llevará etano de Cactus, Chiapas, hasta la planta de Etileno XXI, en Veracruz. Éste es uno de los proyectos más grandes en el país en materia de petroquímica.

Y el tercer gran proyecto en el que hemos tenido el privilegio de participar es Los Ramones. Es un proyecto en tres fases, de casi 4,000 millones de dólares de inversión y 900 kilómetros de ductos que cruzan desde la frontera norte hasta Guanajuato, cuya conceptualización ha cambiado cuatro veces desde que fue concebido. Las fases de su desarrollo, interconectadas entre sí, son de habilitación continua para su correcta operación. La última fase, por ejemplo, no puede entrar en operación hasta que las fases precedentes lo hagan. Es uno de los proyectos más interesantes del país en cuanto a su estructuración jurídica y operativa. Trabajando de cerca con la Comisión Reguladora de Energía se creó una nueva regulación, que definió qué va primero, si la determinación de la tarifa o el financiamiento. Por ello se crearon nuevas metodologías y se generaron ambientes de diálogo entre los inversionistas y las autoridades.

¿Qué son y por qué son importantes los derechos de vía?

Se refiere a todo lo relacionado con la adquisición de la tierra: permisos ambientales federales y locales, impacto social, relación con las comunidades, permisos alrededor del sitio sobre agua, cruces, etcétera.

Cualquier proyecto de infraestructura energética necesita tierra de alguna manera. Los proyectos lineales, llámense ductos o líneas de transmisión, así como los nuevos proyectos de exploración y producción de hidrocarburos, necesitan adquirir derechos de vía. Antes de la reforma los procedimientos variaban de acuerdo con cada inversionista o despacho que asesoraba. Ahora, con la reforma, la adquisición de derechos de vía tiene un procedimiento formal y regulado, lo que no existe en carreteras, acueductos o telecomunicaciones, sino sólo en materia de hidrocarburos y para la industria eléctrica, dado que las leyes en la materia prevén un procedimiento específico.

Y no sólo eso, también se involucra ahora a nuevas autoridades. Hay nuevas autorizaciones requeridas, como las referentes al impacto social de los proyectos.

¿Qué ofrece RDA a los clientes y a los inversionistas en esta materia?

En 1995, cuando comenzamos, uno de nuestros primeros casos fue en materia de derechos de vía. Se nos solicitó un análisis de los derechos de vía que tiene una compañía distribuidora de gas natural en el norte del país, por lo que puedo decir que desde hace 20 años estamos involucrados en el tema, al grado de que al día de hoy hemos representado más de 5,500 kilómetros en adquisición de derechos de vía. No sólo apoyamos la adquisición de estos derechos sino que damos la opinión legal que necesitan nuestros clientes para poder financiar sus proyectos y defendemos esa opinión ante financieros y, obviamente —en su caso— ante terceros que pudieran oponerse a los mismos. Tenemos un equipo de más de 15 profesionales que sólo está dedicado a derechos de vía y, perdón que lo diga, pero creo que eso nos hace únicos en el mercado.

¿Qué es y qué hace la Asociación de Derechos de Vía?

Se creó hace un par de años y tengo el privilegio de haber sido electo presidente hace unos meses. La Asociación de Derechos de Vía agrupa no sólo a desarrolladores de proyectos, sino también a empresas de peritos valuadores, de expertos en la adquisición de derechos, expertos en topografía, en estudios sociales y ambientales y despachos de abogados. Representamos a toda esta industria y junto con las autoridades pertinentes hemos estado desarrollando la nueva regulación.

De igual forma, la asociación ha sido un representante de desarrolladores de proyectos ante las autoridades, ante terceros y ante otras asociaciones para tratar temas delicados en la adquisición de estos derechos, por ejemplo, la deducibilidad fiscal de la adquisición de las tierras o la nueva normatividad emitida.

Finalmente, junto con la International Right of Way Association (IRWA), el INDAABIN y otras autoridades estamos comenzando a certificar sobre todo a los peritos valuadores. Éste sería el primer paso conforme al nuevo procedimiento establecido en la normatividad para adquirir derechos de vía. Tratamos que toda la gente involucrada en el tema cuente no sólo con una certificación por parte de la Asociación de Derechos de Vía, conjunta con la IRWA y el INDAABIN, sino que participe con estándares de las mejores prácticas internacionales, con honestidad, transparencia y conocimiento del nuevo proceso previsto por la ley para llevar adelante los proyectos de inversión.

Además del apoyo y la representación jurídica, ¿existe algún soporte adicional que brinde RDA a las empresas que deseen incursionar en el sector?

Como comentaba, tenemos un área de consultoría económica en la que realizamos el análisis correspondiente relacionado con los temas de tarifas, revisiones quinquenales de las mismas y armado de los planes de negocio para nuevos proyectos. Así, apoyamos a ciertos clientes, como grupos gasolineros, para financiar sus proyectos de plantas eléctricas, algunos ductos de los llamados de “última milla” y terminales de almacenamiento.

Y, bueno, ya que estamos en estos temas, también puedo decir que hace cinco años algunos de los socios del despacho comenzamos un negocio que da servicio a la industria del entretenimiento. En ese despacho tenemos representaciones de equipos de futbol, de algunos jugadores de nivel internacional, de luchadores profesionales y de productoras de cine. Ha sido un área muy interesante y, de manera similar a cuando comenzamos hace 20 años a dedicarnos a la energía, creemos que aquí nuestro país también tiene un enorme potencial que debe explotar hacia adelante.

Por último, ¿hacia dónde va el Derecho energético en los próximos años?

Sin duda, la reforma energética es el cambio de paradigma más importante en materia económica en mucho tiempo. México sigue siendo un país productor de petróleo y gas, y también es un gran consumidor de energía eléctrica. Tenemos más de 120 millones de habitantes, somos vecinos del mercado más grande del mundo, por lo que, sin duda, ésta va a ser un área de oportunidad para muchos colegas. En menos de tres años se hizo una modificación a nuestra Constitución de enorme trascendencia, y se expidieron leyes, reglamentos y normas que vamos a tener que estar revisando porque el Derecho, las condiciones del país y la tecnología cambian. Independientemente de lo anterior, o acaso a raíz de eso, sin duda veremos inversionistas interesados en México por nuestra posición geográfica privilegiada, al lado del mayor consumidor del mundo y con salida al Océano Pacífico y al Océano Atlántico para exportar nuestros productos. Estamos construyendo una gran red de infraestructura para mover esos productos y tenemos reservas. ¿Qué va a pasar? Que va a haber tanto trabajo en materia jurídica alrededor de la reforma energética y sectores relacionados que yo invitaría a mis colegas a enfocarse en ella, entenderla, aprenderla y actualizarse porque eso va a ser parte del futuro.